Buscan evitar que el COVID-19 se extienda a otras cárceles

122
publicidad

Para prevenir una catástrofe en las cárceles, el reto de las autoridades penitenciarias y sanitarias es tratar de que el COVID-19 no ingrese en los centros que no tienen presencia del virus.
Según las informaciones dadas, actualmente la Penitenciaría Nacional La Victoria y la cárcel de San Francisco de Macorís, que funcionan bajo el modelo tradicional, son los únicos recintos carcelarios donde se han detectado casos positivos y producido muertes por esta causa, siendo La Victoria la más afectada.

El no cumplimiento de los protocolos establecidos para evitar que el COVID-19 ingresara a estas cárceles, que constituyen conglomerados extremadamente peligrosos frente a esta pandemia, pudo haber sido la causa principal para que los internos se contagiaran.

Como parte del plan para prevenir que se siga propagado el virus en los dos centros donde ya hay internos contagiados, el Ministerio de Salud Pública realiza jornadas para hacerles pruebas rápidas y confirmarlas con las PCR.

El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, ha sido reiterativo y en varias ocasiones ha llamado a las autoridades penitenciarias a que las medidas de seguridad e higiene deben ser extremadas en estos recintos para que los casos no sigan en aumento. La pandemia solo ha ingresado en dos de las cárceles del también llamado viejo modelo penitenciario (que en total son 18), que a consideración del coordinador de la Academia Regional Penitenciaria (ARP), Roberto Santana, esto se debe a que en estos centros no ejecutaron al pie de la letra las recomendaciones que dio la organización, las cuales, explicó, si fueron implementadas por las 22 cáceles del Nuevo Modelo Penitenciario, donde no se ha reportado ni un solo caso de COVID-19.

Evitar que el virus ingrese en las otras 38 cárceles que existen el país, es el importante reto, en esta área, que tienen las autoridades, pues no solo se protege a los reclusos sino también a sus familiares que tarde o temprano irán a visitar a su parientes en las cárceles y luego podrían convertirse en propagadores del virus.

Otro desafío al que deben enfrentase es evitar que los casos en las cárceles ya contagiadas no sigan en aumento y se pueda frenar, para así preservar la vida de los privados de libertad, quienes según un estudio elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad al contagio del COVID-19 comparado con la población en general dado que viven en espacios confinados con muchas otras personas por periodos de tiempo prolongados.

La OEA

La OEA explica también que el hacinamiento propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles y constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de calamidades y que la recomendación del distanciamiento socia la higiene y el lavado de manos, como una medida para evitar y/o disminuir la propagación del COVID-19 son prácticamente imposible por lo que los Gobiernos deben actuar de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas privadas de libertad.

Fuente: El Caribe